El 9 de febrero de 2024, el Consejo de Ministros de Ucrania, mediante el decreto №. 133-r, aprobó el Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión Europea presentadas en el Informe sobre el Progreso de Ucrania en el Marco del Paquete de Ampliación de la UE 2023 (en adelante, el «Plan»).
En su Informe Ucrania del 2023, la Comisión Europea subraya en la recomendación 140 la necesidad de trabajar por la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y los documentos correspondientes. Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros de Ucrania, en su decreto №. 133, especifica que el plazo para aplicar la citada recomendación es «en el plazo de un año tras la finalización o anulación de la ley marcial».
Nosotros, como representantes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, creemos que tal aplazamiento no tiene justificación debido a la ausencia de obstáculos legales a la ratificación en la legislación de Ucrania. Por ejemplo, el Convenio de Estambul fue ratificado por Ucrania el 18 de julio de 2022, cuando la ley marcial ya había entrado en pleno vigor. Este aplazamiento injustificado de la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Ucrania supone una grave amenaza para la exigencia de responsabilidades por los crímenes internacionales más graves cometidos en el territorio de Ucrania desde 2014 y complica considerablemente el camino hacia la justicia para las víctimas de la guerra. Los recelos de Ucrania con respecto a los riesgos de exigir responsabilidades a los dirigentes militares ucranianos mediante el mecanismo de la CPI no deberían ser motivo de aplazamiento, ya que la ratificación no afectaría a las decisiones relativas al enjuiciamiento de los autores de los crímenes internacionales más graves.
La Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia sobre la situación en Ucrania desde 2015, dicha competencia no supone ninguna amenaza para el Estado. Durante los primeros cinco años, la CPI realizó un examen preliminar de la situación en Crimea y el este de Ucrania. En marzo de 2022, como resultado de la remisión por parte de 43 Estados signatarios del Estatuto de Roma de la CPI, se abrió una investigación sobre la situación en Ucrania. Muchos Estados signatarios, incluyendo a países de la UE, también realizaron contribuciones voluntarias para garantizar que la Fiscalía de la CPI tuviera la capacidad de garantizar una investigación exhaustiva e imparcial de la situación en Ucrania. Poco después se dictaron dos órdenes de detención, una de ellas contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin. El 5 de marzo de 2024, la CPI publicó más información sobre otras dos órdenes de detención contra dos oficiales militares rusos.
Ucrania practica una cooperación activa con la Fiscalía de la CPI, pero dicha cooperación sin ratificación podría finalizar en cualquier momento si se produjera un cambio en el panorama político o si Ucrania la considerara desventajosa por cualquier otro motivo. En la historia de la CPI se han observado ejemplos de dichas situaciones en múltiples ocasiones, como en Burundi, Filipinas, Darfur, Libia, etc. Esto situará a las víctimas de la guerra en una posición vulnerable.
Por otra parte, según el principio de complementariedad, las investigaciones que no lleve a cabo la CPI (lo que constituye la mayoría) deberán ser realizadas por el propio Estado, pero de conformidad con las normas del derecho humanitario y penal internacional. Es fundamental para Ucrania adaptar y adecuar su legislación penal y procesal a las normas del Estatuto de Roma. La ratificación del Estatuto de Roma constituirá un catalizador para las reformas necesarias en la justicia penal de Ucrania. De no ser así, la garantía de procesos judiciales imparciales y de calidad y la consecución de justicia para las víctimas seguirán siendo más bien declaraciones políticas y una manipulación más en lugar de una verdadera intención de garantizar la eficacia de los mecanismos de rendición de cuentas por delitos graves.
Ucrania defiende hace mucho tiempo la creación de un tribunal especial para el crimen de agresión, puesto que, por un lado, existen lagunas en el derecho internacional en lo que respecta a la responsabilidad por dicho crimen. Por otra parte, aunque de forma muy limitada, el Estatuto de Roma contiene una disposición relativa al crimen de agresión por la que existe la posibilidad de procesar a los más altos dirigentes estatales y militares. En la Asamblea de Estados Partes de la CPI, Alemania, conjuntamente con un grupo de otros países, declaró que ya era hora de adoptar las enmiendas pertinentes al Estatuto de Roma, convirtiéndolo de este modo en un instrumento eficaz para responsabilizar a los individuos por el crimen de agresión. Ucrania debería participar activamente en la adopción de la enmienda pertinente como Estado Parte en el Estatuto de Roma, si sus dirigentes realmente están interesados en que los altos cargos políticos y militares de Rusia rindan cuentas por el crimen de agresión. Ahora bien, para sumarse a dicho proceso, Ucrania está obligada a ratificar el Estatuto de Roma sin más dilaciones ni excusas.
La ratificación del Estatuto de Roma por parte de Ucrania finalmente demostraría al mundo la verdadera intención de nuestro país por respetar el principio del Estado de derecho para todos los afectados por la agresión militar rusa. De este modo, Ucrania se aseguraría un papel como participante activo en la construcción de una arquitectura de justicia eficaz. Además, pasaría de ser observador pasivo en un creador activo de los procesos de justicia que merecen sus ciudadanos.
Como respuesta a las dos órdenes de detención emitidas por la CPI el 5 de marzo de 2024, Volodymyr Zelensky declaró: «Cuando la justicia internacional comienza a funcionar, no es posible detenerla».
Queremos insistir en que estas inspiradoras palabras se vean reforzadas por acciones, y que la cuestión de la ratificación del Estatuto de Roma se convierta en una prioridad inmediata tanto para el Presidente como para el Parlamento de Ucrania, así como para la Comisión Europea, y que Ucrania se adhiera finalmente a la CPI en 2024 como Estado Parte de pleno derecho.
Exhortamos a la Unión Europea, incluyendo a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Relaciones Exteriores, a los Estados miembros de la UE, al Parlamento Europeo y a otras instituciones de la UE a que tomen en consideración que actualmente no existen obstáculos para la ratificación del Estatuto de Roma.
Dado que el Presidente de Ucrania tiene la prerrogativa legislativa en ese asunto, debería someter el correspondiente proyecto de ley a la Verjovna Rada para su votación sin más demora. Además, instamos a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE a que apoyen activamente esta medida.
