Nosotros, las ONG ucranianas y otros signatarios de estos principios representamos a una amplia gama de personas y comunidades que apoyan a las víctimas de la agresión rusa, documentan los crímenes internacionales y llevan a cabo iniciativas de sensibilización en el contexto de la agresión armada rusa contra Ucrania.
Mediante este documento de posición señalamos el hecho de que las acciones de Rusia y de los líderes militares y políticos de las Fuerzas Armadas rusas que causan daños al medio ambiente dentro y fuera de Ucrania constituyen una violación del derecho internacional y presentan características de un sinnúmero de delitos.
Constatamos que los dirigentes militares y políticos de la República de Bielorrusia también perpetran, prestan ayuda e incitan a cometer actos criminales contra el medio ambiente ucraniano. La República de Bielorrusia ha estado favoreciendo la perpetración de delitos contra el medio ambiente, en particular, desde 2014, al facilitar su territorio para que la Federación de Rusia lo utilice para cometer agresiones contra Ucrania.
Destacamos el hecho de que las acciones de las fuerzas militares y políticas de la Federación de Rusia en el curso de las hostilidades contra Ucrania, incluidas las acciones que causan daños irreparables al medio ambiente ucraniano, deben interpretarse como una violación de, entre otros: el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra (1949) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (en lo sucesivo, Protocolo I); el Convenio (IV) relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre y su anexo: el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre; el Convenio sobre la prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros fines hostiles; el derecho internacional humanitario consuetudinario (incluidos los principios 9 y 13 consagrados por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en su codificación del derecho consuetudinario titulada «Protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados» (2022).
Hacemos hincapié en la particular dificultad de distinguir entre los hechos de daños criminales al medio ambiente durante la guerra (por ejemplo, la demolición explosiva de la presa de la central hidroeléctrica de Kajovka) en virtud de los artículos del actual Código Penal de Ucrania, y la correcta calificación de las acciones contra el medio ambiente como violaciones del derecho internacional humanitario, y la atribución de los daños ambientales a los crímenes en virtud de varios párrafos del artículo 8 del Estatuto de Roma.
Subrayamos la necesidad de una aplicación exhaustiva del Derecho internacional y nacional. En particular, en lo relativo a aplicar las disposiciones pertinentes del Código Penal de Ucrania en la responsabilización por daños medioambientales. Al mismo tiempo, la justicia a nivel nacional ha de administrarse respetando los altos estándares del Estado de derecho, la legalidad y las normas internacionales sobre juicios justos.
Ponemos de manifiesto el hecho de que uno de los elementos clave para la responsabilización efectiva por daños medioambientales en los conflictos armados es la documentación, la recopilación de pruebas y la cuantificación de los daños. Este proceso implica importantes recursos financieros y humanos, y debe realizarse de manera oportuna, completa y conforme a las normas de prueba del derecho internacional. Hasta el momento, los daños causados al medio ambiente ucraniano no se han registrado de manera completa y adecuada, lo que debería subsanarse de inmediato, principalmente mediante la intensificación y coordinación de los esfuerzos de las autoridades estatales responsables y la ayuda internacional.
Lamentablemente, observamos que hasta ahora no se ha establecido ningún mecanismo internacional eficaz para frenar o reducir al mínimo los daños causados al medio ambiente durante la guerra. A nivel nacional tampoco se están adoptando medidas para minimizar o prevenir los daños al medio ambiente durante la guerra en Ucrania.
Subrayamos que mediante la Resolución A/76/L.75, adoptada el 28 de julio de 2022, la Asamblea General de la ONU 1) reconoció el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible como un derecho humano, 2) señaló que este derecho está interrelacionado con otros derechos y con el derecho internacional vigente, 3) reafirmó que la realización de este derecho exige la plena aplicación de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente basados en los principios de derecho internacional sobre medio ambiente, 4) hizo un llamamiento a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otras instancias interesadas para que adopten decisiones políticas, intensifiquen la cooperación internacional, refuercen las capacidades y sigan compartiendo las mejores prácticas a fin de redoblar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, sano y sostenible para todos.
Hacemos hincapié en el hecho de que la responsabilidad por los actos criminales contra el medio ambiente debe ser una exigencia de la comunidad internacional en su conjunto, debido a la naturaleza transfronteriza de las consecuencias del impacto destructivo sobre el medio ambiente, con el fin de evitar la repetición del impacto destructivo sobre el medio ambiente en el curso de las operaciones militares. Es particularmente inaceptable que se vuelvan a cometer tales acciones, ya sea durante conflictos armados o en tiempos de paz, a la luz de la creciente intensidad del cambio climático y de las catástrofes naturales mundiales.
Constatamos que, a causa de las dificultades para responsabilizar a los implicados en la destrucción del medio ambiente durante la agresión no provocada de la Federación de Rusia contra Ucrania, se complica aún más la plena reparación de los daños causados tanto al medio ambiente como a las personas, y se viola el derecho a un medio ambiente seguro y limpio.
Insistimos en que la Federación de Rusia ha de ser responsable, en virtud al derecho internacional, de la destrucción del medio ambiente de Ucrania, así como de indemnizar por los daños causados al medio ambiente, de modo que se minimicen dichos daños, se restauren los elementos medioambientales perjudicados y se garantice la seguridad medioambiental de los ciudadanos ucranianos mediante la inclusión de dichos daños en los mecanismos internacionales de indemnización.
Consideramos la Recomendación 2245 (2023) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que, entre otros aspectos, propone asegurar la responsabilidad integral de la Federación de Rusia por la agresión contra Ucrania apoyando y liderando la iniciativa de establecer un tribunal penal internacional especial para investigar y enjuiciar el crimen de agresión cometido por los dirigentes políticos y militares de la Federación de Rusia, y asegurar el papel de liderazgo del Consejo de Europa en su establecimiento y proporcionando asistencia experta y técnica específica; apoyar el trabajo de los tribunales internacionales,
e igualmente tener en cuenta la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 2482 (2023), que pide a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que consideren la posibilidad de someter a votación y no obstaculizar la adopción de la resolución del Consejo de Seguridad sobre la remisión de la situación en Ucrania al Fiscal de la CPI en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y pide a la Asamblea General de las Naciones Unidas que apoye y apruebe la creación de un tribunal penal internacional especial y de un mecanismo internacional de indemnización.
Insistimos en que Ucrania tiene un derecho inalienable a la autodefensa de acuerdo con las disposiciones del artículo 51 de la Carta de la ONU, y como parte defensora, Ucrania debe respetar los límites de la proporcionalidad en la autodefensa contra el agresor ruso.
El derecho de Ucrania a la autodefensa se encuentra estrictamente vinculado al derecho a iniciar y establecer mecanismos nacionales e internacionales para hacer comparecer a los responsables ante la justicia por el crimen de agresión y otros crímenes internacionales.
Dado el inusitado apoyo de la comunidad internacional a Ucrania en términos de operaciones militares y en la lucha por garantizar la justicia en el ámbito jurídico, y estando abiertos al desarrollo de nuevos mecanismos para llevar ante la justicia a los responsables de la destrucción del medio ambiente de Ucrania, de conformidad con las normas y principios del derecho internacional, hacemos un llamamiento a unir esfuerzos para tomar tales decisiones:
- Un mecanismo independiente de responsabilización por crímenes contra Ucrania debería tener un estatus ad hoc, actuar en nombre de la comunidad internacional en su conjunto y abordar, entre otras cosas, los casos de perjuicios medioambientales.
- La cooperación internacional y la asistencia a Ucrania en la documentación, evaluación y cálculo de los daños medioambientales causados por las operaciones militares en el territorio de Ucrania deben ser reforzadas. Uno de estos mecanismos para reforzar la cooperación en este campo debería ser la celebración de un acuerdo multilateral sobre cooperación y asistencia a Ucrania en la documentación, evaluación y cálculo de los perjuicios medioambientales causados por las hostilidades en el territorio de Ucrania.
- Considerando la vulnerabilidad de la situación del medio ambiente en el planeta, los efectos del cambio climático y el estado actual de desarrollo del derecho internacional, convendría concluir un nuevo acuerdo internacional que introdujera mecanismos eficaces para proteger el medio ambiente y minimizar el impacto sobre él durante la guerra, así como para la rendición de cuentas de los responsables de los daños causados al mismo durante los conflictos armados.
- La Asamblea General de la ONU debe convertirse en motor de respuesta internacional a los actos criminales de los dirigentes militares y políticos de la Federación de Rusia. En particular, es a través de la adopción de una resolución de la Asamblea General de la ONU por la que se podría crear un mecanismo de responsabilización por los crímenes contra Ucrania cometidos durante la guerra.
- A nivel nacional, Ucrania debe garantizar una investigación adecuada y completa de los casos de perjuicios para el medio ambiente durante la guerra. La justicia debe administrarse en dichos casos de acuerdo con todas las normas nacionales e internacionales.
- Ucrania debe ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a fin de garantizar la representación efectiva de los intereses de Ucrania en la CPI, para poder tomar decisiones relativas a los crímenes de guerra contra el medio ambiente y para adaptar la legislación penal nacional a los requisitos actuales durante la guerra.
- Los altos mandos militares y políticos de Ucrania han de tomar en consideración que, como parte defensora, Ucrania debe atenerse a los límites de la proporcionalidad en su autodefensa contra el agresor ruso.
- Al mismo tiempo que el mecanismo para llevar ante la justicia a los altos mandos militares y políticos de la Federación de Rusia, es necesario crear un mecanismo de compensación por los daños causados a Ucrania, a sus individuos, a sus empresas y al medio ambiente. Tal mecanismo podría establecerse siguiendo el modelo de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas.
- Es necesario llevar a cabo una labor diplomática y política sistemática para garantizar la cooperación entre los Estados, y entre éstos y el mecanismo para llevar ante la justicia a los dirigentes militares y políticos de la Federación de Rusia, así como la ejecución de las sentencias de dichos mecanismos por parte de los Estados.
- Las capacidades de los órganos nacionales de investigación previa al juicio deben ser reforzadas, incluso mediante la asistencia de socios internacionales, para investigar mejor los delitos relacionados con la destrucción del medio ambiente durante las hostilidades, así como para proporcionar una documentación más completa de los daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales de Ucrania por el agresor.
El apoyo recíproco, la promoción eficaz y de alta calidad de los intereses medioambientales, la posición común del movimiento de derechos humanos y la creación de una base común de valores para el establecimiento de mecanismos de enjuiciamiento, indemnización y reembolso de los daños causados por la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania facilitarán la aplicación de estas decisiones tanto a nivel nacional como internacional. La consolidación de esfuerzos de los defensores de los derechos humanos contribuirá a restablecer el orden jurídico internacional, a garantizar la paz sostenible, la seguridad y la justicia, y a considerar la seguridad del medio ambiente.
