Directrices conjuntas sobre la responsabilidad por los crímenes internacionales cometidos en Ucrania

En representación de una amplia comunidad de organizaciones e iniciativas de la sociedad civil ucraniana que brindan apoyo a las víctimas, documentan crímenes internacionales y llevan a cabo actividades de divulgación y educación en las condiciones derivadas de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, hemos alcanzado un acuerdo conjunto sobre los siguientes aspectos.
El anhelo más profundo del pueblo ucraniano es lograr una paz duradera. Reconociendo todos los esfuerzos realizados para ejercer el derecho de Ucrania a la autodefensa y obtener las garantías internacionales de seguridad necesarias para el futuro, destacamos que, dada la magnitud del daño sufrido por el pueblo ucraniano, la paz solo podrá lograrse sobre la base del Estado de derecho y en condiciones de justicia. Entre los componentes integrales de esta última figuran el enjuiciamiento de los responsables de los crímenes internacionales más graves cometidos en tiempos de guerra, así como la indemnización de los daños morales y materiales causados a las víctimas. El proceso de rendición de cuentas deberá ser independiente, imparcial y libre de prejuicios. Esta tarea no concierne únicamente a Ucrania, sino que atañe a la totalidad de la comunidad internacional.
Asimismo, Ucrania no solo debe actuar en defensa de los intereses de un Estado que ha sido víctima de agresión por parte de una nación en posesión de armas nucleares, sino que también debe desempeñar un papel activo en los esfuerzos diplomáticos para fortalecer, en lugar de debilitar, el sistema internacional de seguridad, paz y justicia.
La adopción del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) permanente representaron un avance significativo en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales más graves. Lamentablemente, la creación de la CPI no contó con el apoyo de todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. En particular, la mayoría de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se mantuvieron al margen. Esto socava la credibilidad del Estado de derecho, así como las aspiraciones mundiales por la paz y la justicia.
Consideramos que la adopción del Estatuto de Roma y la creación de la CPI representan un avance civilizatorio y sostenemos que todas las acciones posteriores destinadas a garantizar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos durante la guerra de Rusia contra Ucrania deben fortalecer y desarrollarse en el marco del sistema de justicia penal internacional basado en el Estatuto de Roma y la CPI.
Habida cuenta de lo anterior, consideramos necesario consolidar los esfuerzos a favor de las siguientes decisiones:

1. Ucrania deberá proceder a la ratificación inmediata del Estatuto de Roma de la CPI, junto con todos sus anexos y adiciones, así como garantizar su implementación en la legislación nacional.
2. La Corte Penal Internacional deberá contar de manera estable con recursos suficientes para considerar todas las situaciones y acelerar las investigaciones. Esta responsabilidad recae en cada uno de los Estados Partes del Estatuto de Roma.
3. Reconociendo la naturaleza complementaria de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y la limitación de los recursos disponibles, acogemos con satisfacción las prioridades actualmente establecidas para la investigación de elementos específicos de los crímenes internacionales en relación con la situación en Ucrania. Dichas prioridades apuntan de forma inequívoca a la participación de altos líderes de la Federación Rusa en la comisión de los crímenes. Las organizaciones de la sociedad civil de Ucrania han realizado esfuerzos para recopilar y proporcionar información sobre estos crímenes y los presuntos autores.
4. El punto de referencia de la agresión rusa contra Ucrania y de los crímenes resultantes es el año 2014. Desde entonces, las organizaciones ucranianas de la sociedad civil entregaron a la Oficina del Fiscal de la CPI numerosos informes que han servido como base para los informes de examen preliminar de la situación. Insistimos en que las conclusiones de esos informes sean consideradas y que las investigaciones de la PCI no se limiten a los acontecimientos ocurridos tras el 24 de febrero de 2022.
5. Dada la naturaleza de la guerra, las intenciones declaradas y las acciones posteriores destinadas a la aniquilación del Estado ucraniano, la negación de su derecho a una existencia independiente y la aspiración de modificar la identidad ucraniana, respaldamos la necesidad de someter a la justicia a los máximos líderes políticos de la Federación Rusa (en particular, a los individuos que gozan de inmunidad) por la clara comisión del delito de agresión.
   Una solución óptima para este propósito podría ser la revisión inmediata del denominado “Compromiso de Kampala” y la introducción de enmiendas al Estatuto de Roma que permitan a la CPI investigar el delito de agresión. Somos conscientes de que este proceso podría ser prolongado y requerir la resolución de cuestiones jurídicas complejas, lo que nos lleva a concluir que este camino no representa la solución más adecuada para juzgar el delito de agresión en el contexto de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania.
   Por lo tanto, abogamos por la creación de un mecanismo ad hoc, cuyo establecimiento debe coincidir en el tiempo con la ratificación simultánea del Estatuto de Roma de la CPI por parte de Ucrania y con su plena participación en la revisión de las enmiendas de Kampala que determinan la responsabilidad por el crimen de agresión. Ucrania debe reconocer los esfuerzos y la experiencia a nivel internacional en la persecución de los crímenes más graves, contribuyendo así a ganar apoyo y fortalecer la comunidad internacional en lugar de sembrar dudas sobre la imparcialidad y objetividad de las decisiones relacionadas con la responsabilidad por el crimen de agresión.
6. La base para garantizar la justicia en los casos de los crímenes más graves es la cooperación entre los Estados, que incluye, entre otros elementos, la transferencia de información que pueda contribuir a la eficacia del procesamiento y de la ejecución de órdenes de arresto. En este contexto resulta crucial fomentar y promover una mayor cooperación entre los Estados Unidos y la CPI. Los países participantes en el sistema del Estatuto de Roma deben cumplir constantemente con sus obligaciones. Resulta necesario alcanzar un consenso sobre la extensión de la responsabilidad por crímenes internacionales a todas las personas involucradas, independientemente de su nacionalidad, cuando se trata de crímenes cometidos en el territorio sujeto a la jurisdicción de la CPI.
7. Considerando que la guerra de Rusia contra Ucrania representa el conflicto de mayor escala y destrucción en el continente europeo desde las dos guerras mundiales, y teniendo en cuenta el apoyo activo a Ucrania por parte de la Unión Europea y Consejo de Europa desde el inicio de la invasión a gran escala, estimamos que estos actores deben desempeñar un papel de liderazgo a la hora de abordar las necesidades financieras y organizativas relacionadas con la administración de justicia en los casos de los crímenes internacionales más graves.
8. Dado el valor de precedencia y la relevancia de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el marco de la justicia en Ucrania, tanto para los tribunales nacionales de Ucrania como para las instituciones internacionales como la CPI y los comités de la ONU, resulta crucial que el TEDH realice esfuerzos adicionales para garantizar la consideración sin demoras de los casos internacionales y los miles de casos individuales relacionados con la guerra de Rusia contra Ucrania a partir de 2014. Asimismo, deben promoverse los esfuerzos del Consejo de Europa para aumentar la eficacia de la ejecución de las sentencias del TEDH, especialmente en los casos en los que la Federación de Rusia sea la parte demandada.
9. Aplaudimos las acciones conjuntas de numerosos países de la UE que han iniciado procedimientos en sus legislaciones nacionales bajo el principio de jurisdicción universal. No obstante, considerando la limitada experiencia de algunos de estos países en la persecución de los crímenes más graves, esperamos una coordinación efectiva por parte de Eurojust, la agencia de justicia de la UE, y la participación de las naciones con más experiencia en la aplicación del principio de jurisdicción universal, con el fin de fortalecer la capacidad de los países miembros del Equipo Conjunto de Investigación (ECI). A su vez, las organizaciones ucranianas de la sociedad civil están dispuestas a compartir la información necesaria para este propósito a través de los mecanismos de la Red de Genocidio de la UE.
10. En su interacción activa con socios e instituciones internacionales, Ucrania deberá garantizar adecuadamente que se defiendan los intereses de las víctimas de los crímenes internacionales. Estos intereses comprenden los mecanismos apropiados de compensación material, así como el enjuiciamiento de los responsables y las garantías para prevenir la repetición de los crímenes.
11. El sistema de justicia nacional de Ucrania se ha enfrentado a un desafío extremamente complejo y de gran envergadura al tratar de garantizar la justicia en los casos de los crímenes más graves perpetrados en 2014. La invasión a gran escala del 24 de febrero de 2022 tuvo un efecto devastador en la capacidad de la totalidad del sistema de orden público. A pesar de esfuerzos considerables, aunque no siempre sistemáticos, por parte de las autoridades, el marco institucional y legislativo existente para la adecuada administración de justicia en los crímenes internacionales es insuficiente. Sin la ratificación del Estatuto de Roma y sin la armonización de la legislación penal nacional, las autoridades investigadoras se ven limitadas en su capacidad de acción. Las definiciones de los crímenes internacionales en la legislación nacional difieren de las contenidas en el Estatuto de Roma de la CPI, lo que puede llevar a enfoques para la clasificación de crímenes y niveles de prueba en desacuerdo con los estándares internacionales. Esto puede generar incertidumbre respecto a la legitimidad de las decisiones del sistema jurídico ucraniano y, en última instancia, situarlo en un nivel similar al del sistema de justicia del Eestadstado agresor, el cual ignora de forma sistemática los principios y las normas del derecho internacional humanitario y penal.          La falta de especialización en el sistema judicial para abordar los crímenes cometidos en condiciones de conflicto armado conduce a resultados ineficaces. Resulta esencial crear condiciones que garanticen el cumplimiento de todas las normas pertinentes, tales como la independencia, imparcialidad, objetividad e igualdad de armas. Este es el tipo de justicia que reclama el pueblo de Ucrania y, en particular, aquellos que han sido víctimas de los crímenes más graves.
12. Estimamos que la respuesta adecuada a estos desafíos consiste en construir una especialización interna dentro del sistema jurídico nacional, incluyendo investigadores, fiscales y jueces. Sus capacidades deberán desarrollarse por medio de la colaboración con expertos internacionales en materia de justicia y al otorgarles un estatus procesal adecuado, así como apoyo técnico internacional de forma periódica. La Unión Europea tiene experiencia en la creación de mecanismos mixtos de justicia y el estatus de Ucrania como candidato para unirse a la UE refuerza aún más la importancia de esta cooperación. Estamos convencidos de que las investigaciones de los crímenes internacionales y las sanciones contra los culpables requieren el establecimiento de instituciones sostenibles que funcionen de manera continua ya que, sin duda, los desafíos a los que nos referimos no pueden abordarse mediante medidas temporales. Dada la magnitud de los crímenes cometidos y los daños causados, será necesario disponer de elementos cuasi judiciales complementarios al sistema de justicia, tales como las Comisiones de Verdad.

Documentar los crímenes de guerra, investigarlos, buscar y procesar a los presuntos autores mientras se hallen en vida, y llevarlos ante la justicia son cuestiones de dignidad nacional. No deben extistir plazos de prescripción, excepciones o acuerdos políticos. La consecución de tales objetivos puede requerir tiempo y recursos considerables, pero una estrategia a largo plazo puede lograr un resultado sostenible: que los horrores de esta guerra nunca se repitan y que la población mantenga su fe en la justicia.

Ucrania y su sociedad civil tienen derecho a esperar un mayor apoyo de la comunidad internacional. Asimismo, todas las acciones y soluciones destinadas a enjuiciar a los delincuentes internacionales y ayudar a las víctimas de la guerra no deberán competir con las necesidades de otros países. Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de otros conflictos armados en todo el mundo.

Es la primera vez que la justicia y la imparcialidad en los juicios se encuentran en el foco de atención de la comunidad internacional, precisamente en el contexto de la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania. Es por esta razón que Ucrania tiene la oportunidad de demostrar que la protección de las víctimas de los crímenes internacionales no conoce fronteras geográficas ni administrativas y que como consecuencia de su sufrimiento, los valores humanos universales, especialmente los relacionados con el juicio y la justicia, serán replanteados. Por ello, debe estar a la vanguardia del desarrollo de una arquitectura global de justicia efectiva , tal como merecen las víctimas de cualquier guerra, mientras que la voz poderosa de su sociedad civil se convierte en un catalizador en este proceso.